Pablo Ortúzar, antropólgo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), cursa por estos días un doctorado en Oxford, pero sigue con atención el debate público nacional. De hecho, un tema que le preocupa es la manera en que la derecha, sector al que suscribe, ha enfrentado el comercio callejero.
Autor del libro El poder del poder(2016), ha sido un intelectual incómodo para Chile Vamos y el gobierno, en los que observa a “sectores intoxicados con la fantasía individualista meritocrática. Con la idea de que uno “merece” lo que tiene y no le debe nada a nadie. Yo no creo que nadie “merezca” lo que tiene. Ni el pobre ni el rico. La derecha debe abandonar esa fantasía, que hace invisibles a los más necesitados e irresponsables a los más beneficiados”.
En la misma lógica, ha sido un duro detractor del plan de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que incluye 60 vigilantes extras y multas a quienes compren a vendedores ambulantes: “Me siento muy decepcionado de ella, porque normalmente es una persona objetiva que mira los datos antes de actuar”.
“Por cierto que hay falta de compasión. Pero también de inteligencia política y comprensión legal del problema”, opina sobre su propuesta. “Los municipios no pueden inventar delitos. No hay ningún argumento razonable para multar a personas que adquieren productos lícitos en la calle sólo porque el vendedor de ellos no cuenta con un permiso. No es responsabilidad de los ciudadanos verificar esos permisos, ni está en la potestad municipal perseguirlo por no hacerlo”.
Se habla de multas de hasta 230 mil pesos. ¿Te parece justo?
—No, porque adquirir bienes lícitos en la calle no es un delito en la legislación chilena. Los bienes lícitos son todos aquellos cuya circulación no está prohibida. El comercio informal es el que transa dichos bienes sin permiso, mientras que el ilegal trafica bienes prohibidos, como objetos robados. Cuando la Cámara Nacional de Comercio y algunos alcaldes mezclan ambos tipos de comercio en el mismo saco, lo hacen con la intención de criminalizar la informalidad.
—Matthei dijo: “la lucha contra el comercio ilegal es súper difícil y siempre recurren a dos cosas: Una, la violencia y dos, hacerse las víctimas”.
—Los alcaldes pueden decir lo que quieran sobre los informales, porque los ambulantes no pueden defenderse. El único motivo para la desprolijidad absoluta en el trato de este fenómeno es que los involucrados son pobres. Nadie con recursos aceptaría ese nivel de generalización, criminalización y políticas al tun tun.
—¿Cómo evalúas la gestión del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en este tema?
—Lo que ha hecho él en esta materia es tan superficial como desalmado e inútil. Ha hecho de la persecución de los comerciantes informales un show, concentrando los recursos municipales en ello. Y sólo ha obtenido dos cosas: desplazar a los ambulantes a otras comunas y disminuir los lanzazos en algunos paseos peatonales -ahora atestados de guardias vestidos como paramilitares. Pero el costo alternativo ha sido que los delitos violentos en la comuna se han disparado.
—¿Por qué un municipio debería aceptar a comerciantes que no pagan IVA ni permisos?
—Los pocos datos que existen nos muestran que lo que lleva a la informalidad es principalmente la pobreza. Y que su situación es mucho más precaria que la de los formales. Respecto al IVA, normalmente lo pagan al adquirir los bienes que luego transan en la calle, porque no es que manejen facturas. Lo único que no tienen son permisos.
—¿Qué salida propones?
—Es razonable tolerar la informalidad, administrándola, y tratar de conducirla hacia la formalidad mediante políticas inteligentes porque es, en la mayoría de los casos, una forma honesta de ganarse la vida, amparada en derechos fundamentales. Y constituye, además, la única alternativa laboral legal para muchas personas. Perseguir indiscriminadamente la informalidad y criminalizarla es simplemente perseguir y criminalizar a los pobres por ser pobres.
— Un tema delicado es el de la higiene. Se venden muchos productos –jugos, frutas, sándwichs- que muchas veces no cumplen los mínimos esperables, no respetan por ejemplo la cadena de frío.
— Comí alimentos de la calle durante todo el tiempo que viví en Santiago, entre los 18 y los 32 años, y nunca tuve ningún problema. La única vez que me he intoxicado fue en un conocido y establecido restaurant. Lo que se vende en la calle generalmente son preparaciones simples, hechas a la vista del consumidor, que no contienen ingredientes peligrosos, y cuyo ritmo de venta es rápido. Basta un autocuidado muy básico por parte del consumidor para evitar casi cualquier riesgo. Además, los informales, que normalmente se instalan en los mismos sitios, se juegan su prestigio en la calidad de lo que venden. Por ejemplo, las señoras que venden fruta fresca, sándwiches o jugos naturales en el centro o en las estaciones de metro le venden todos los días a casi las mismas personas, por lo que va en su interés cuidar la calidad del producto.
—¿Crees que la derecha se equivoca al enfocar este tema como un problema policial?
—Definitivamente. La derecha rara vez piensa sociológicamente. Por lo demás, los informales no pueden defenderse, no tienen voz, no son un gremio. Se alimenta el populismo penal y el miedo a los que tienen menos que ya existe en la población más acomodada. Perseguir pobres sale, en apariencia, gratis. Pura ganancia.
Fuente: La Segunda
