Mientras las excavaciones de un nuevo centro gastronómico no paran en calle Constitución a la altura de Fernández Márquez de la Plata -en pleno corazón del barrio Bellavista-, una disputa legal y administrativa iniciada hace dos años crece en torno a la legalidad del permiso municipal que autorizó su construcción.
La polémica se reactivó en el último concejo, luego de que el concejal Pablo Jaeger (DC) exigiera que el director municipal de Obras (DOM) de Providencia dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, del 21 de agosto de 2017. Esta ordenó iniciar el proceso de invalidación administrativa del polémico permiso. “Obviamente, el DOM está defendiendo un permiso que el mismo otorgó, pero la Seremi de Vivienda ya dijo que estaba mal extendido y ahora los tribunales ordenaron un proceso de invalidación. Espero que el municipio lo resuelva de buena forma y se evite el perjuicio a los vecinos de Bellavista”, precisó Jaeger.
Vladimir Mondaca, asesor jurídico de la alcaldía, dijo ante el concejo que aún no han sido notificados, “pero en cuanto el municipio reciba la resolución, desde luego iniciará el proceso”.
Sin embargo, hay incertidumbre entre algunos vecinos de Bellavista, quienes califican la obra como “sobredimensionada” para un barrio con calles estrechas y carga limitada de autos y peatones. “Este proyecto va a matar el barrio y, lo peor, con un permiso que está mal extendido”, advierte el concejal Tomás Echiburu (RD), presidente de la comisión de Medio Ambiente de la municipalidad.
Los vecinos esgrimen que el centro comercial atraería un flujo extra de autos que el barrio no sería capaz de soportar, y sostienen que estas y otras externalidades se soslayaron al emitirse el permiso en 2014. Esto motivó, desde esa fecha hasta ahora, múltiples reclamaciones y recursos ante la Justicia, e instrucciones de la Seremi de Vivienda y de las propia alcaldía en 2015 y 2016, instando al DOM que invalide el permiso por no ajustarse a derecho. Esto, porque según el Seremi de Vivienda, Aldo Ramaciotti, éste autorizó una carga entre mil a 6 mil personas, cuando lo que correspondía era un carga básica de 250 personas. Por esta razón, Ramaciotti le ordenó expresamente al director de obras invalidar el permiso en agosto del 2016, “dando inicio el DOM a un proceso de invalidación, el cual no concluyó”, dice Ramaciotti, quien coincide con la decisión de la Corte de instruir este procedimiento.
Fernando Rodríguez, gerente de Cimenta -firma dueña del proyecto- desestimó que el permiso esté mal otorgado, afirmando que la esencia del fallo es otra. “Lo que la Corte Suprema dice es que anula un oficio del Seremi (de Vivienda) en el cual le ordenaba al DOM adecuar el permiso para pasar de una carga media a una básica. En el fondo, dice que el director municipal de Obras no tiene por qué obedecerle al Seremi, que al Seremi no le corresponde dar esa instrucción y que solo el director tiene el poder de validar o invalidar un permiso”, dijo Rodríguez.
Dicho argumento es el mismo que esgrimió el DOM en el concejo para defender la legalidad del permiso. “Ahora la orden que me dio (la Corte) es que yo inicie un proceso de invalidación en el cual se escuchan a las partes. No quiere decir que se llegue a una invalidación porque solo yo lo puedo invalidar, está entre mis atribuciones y asumiré las consecuencias”, señaló ante el concejo Sergio Ventura, director de Obras de Providencia.
Pese a que Ventura está contratado por el municipio, responde técnicamente al Minvu, pero es autónomo en sus decisiones y tiene la facultad de validar o invalidar sus propios permisos. Esto complica aún más el desenlace de esta polémica, pues de dejar sin efecto la autorización, los dueños podrían reclamar ante tribunales y en el intertanto el edificio podría estar listo, sin antes haber zanjado su legalidad, abriendo paso a eventuales indemnizaciones para la empresa. Así lo advierte Mauricio Montecinos, vecino directamente afectado por las obras, quien no quiso vender su casa y quedó encerrado por los paneles de seis metros de altura de la obra con la cual tiene que convivir. “Mientras nada se lo impida, la obra se seguirá construyendo. Aquí no se ha respetado el Estado de derecho y se comprueba cómo las empresas pasan por encima de las autoridades. y con mayor razón de los vecinos comunes y corrientes ”, indicó Montecinos.
Según Bárbara Córdoba, arquitecta y vecina que lidera la oposición a este proyecto, “el único que puede parar esta obra grotesca es el DOM, que insiste en que el permiso está bien otorgado sin que haya podido demostrarlo. Desde el 2015 la alcaldesa, el Seremi, la Corte de Apelaciones y ahora la Corte Suprema han indicado invalidar el permiso, pero el director de Obras es el único que discrepa y deja que la obra avance”. María Inés Arribas, presidenta de la Asociación de Residentes por el Patrimonio Bellavista agregó que el permiso se habría aprobado “en base a certificados de información incompletos”. Para Jaime Parada (Ind.), presidente de la comisión de Ordenanzas, “es urgente que el DOM reconozca su error y rectifique, y también revisar la excesiva autonomía que tienen estos funcionarios de los alcaldes”.
La alcaldesa Evelyn Matthei declinó opinar, pero aseguró que un abogado independiente está analizando el caso, en tanto la concejala Pilar Fernández (UDI) convocó a sesión especial de la comisión de Urbanismo para el martes 26 de septiembre.
Fuente: Diario La Tercera
